Comienza la desescalada del COVID-19 y paralelamente la escalada de las consecuencias económicas que esta crisis sanitaria ha desencadenado y seguirá desencadenando en los próximos meses.
En el primer trimestre de 2020 el PIB de la economía española ha caído un 5,2% y las previsiones de descenso en el año apuntan al 8%, con un repunte del paro hasta el 21%. Serían cifras apabullantes si no tuviéramos en la memoria la no tan lejana crisis financiera del año 2008, de la que tardamos en recuperarnos nada menos que 7 años.
Aquella “pandemia económica” trajo consigo una avalancha de insolvencias de empresas y como consecuencia un dramático ascenso del desempleo. Sin embargo, la caída de la economía en el peor año de aquella crisis, el 2009, se situó en el 3,8%, esto es, la mitad de la esperada para el año 2020.
Debemos vaticinar entonces que, a pesar de los esfuerzos financieros y legislativos del gobierno para contener la debacle, ésta será en gran medida inevitable y habría llegado el momento de aplicar las lecciones aprendidas de aquella crisis para mitigar los efectos de la que ahora nos enfrentamos.
En la crisis del COVID-19 ya no serán los bancos (ya saneados) y el sector de la construcción (en situación de mínimos) los más afectados sino aquellos sectores denominados “no esenciales” cuya actividad se ha visto paralizada por la pandemia y cuyo futuro está más que en cuestión por las prevenciones necesarias para el proceso de desescalada y los cambios en los comportamientos sociales que nos esperan. Estamos hablando del sector turístico, la hostelería, el comercio, las actividades de ocio y un largo etcétera.
Es la tipología mayoritaria de las empresas que componen los mismos: autónomos con y sin empleados y PYMES, la que nos pone en la diana a los potencialmente más perjudicados en esta ocasión.
De las lecciones aprendidas en la crisis financiera de 2008, aparte de la necesidad de recurrir al déficit público para dotar de oxigeno financiero a las empresas, figura poner a disposición de éstas instrumentos legales eficaces para abordar los estados de insolvencia. En esto último, los apresurados intentos por mejorar, agilizar y simplificar la legislación concursal durante aquella crisis han tenido un decepcionante resultado y es que, a día de hoy, el 92% de las empresas que solicitan concurso de acreedores desaparecen.
Además de sus desalentadores resultados, el procedimiento concursal sigue siendo excesivamente largo, complejo, costoso y, desde luego, nada halagüeño para sus potenciales usuarios en la actual crisis, que recordemos no son empresas con importantes gabinetes de abogados y expertos sino los titulares de restaurantes y cafeterías y el dueño de la tienda de la esquina.
Para ellos, sin embargo, no todo son malas noticias ya que si en algo hemos avanzado desde la última crisis es en el tratamiento de las insolvencias de particulares y autónomos. En el año 2015 vió la luz en nuestro país la denominada “Ley de Segunda Oportunidad”, la cual supuso un primer intento de aproximarnos al tratamiento de las quiebras personales ya vigentes en otros países, especialmente los anglosajones.
El procedimiento contenido en esta Ley permite la refinanciación de las deudas de las personas físicas, acomodando su pago a las disponibilidades económicas del deudor e incluso la exoneración de las mismas a través del cumplimiento de determinados requisitos.
A pesar del el positivo resultado de su aplicación práctica (termina en la mayor parte de los casos con la cancelación definitiva de las deudas) y de que constituye una salida más que airosa para la tipología de empresas a la que acabamos de referirnos, el recurso a la misma es muy escaso, especialmente en la comunidad gallega.
En el año 2019, únicamente 83 personas se han acogido a la misma, lo que nos sitúa en los últimos puestos de la lista de comunidades que se benefician de este recurso legal, solo por detrás de Canarias, Andalucía y Extremadura (también el País Vasco, aunque presumiblemente por motivos distintos a estas regiones).
Galicia, por lo tanto, no está aprovechando al nivel de otras comunidades autónomas este importante instrumento legal puesto a disposición de los ciudadanos para reconducir una situación financiera adversa, que dadas las actuales expectativas resulta previsible en no pocos casos.
Si esta tendencia no se revierte, gran parte de los particulares y autónomos gallegos se verán condenados a convertirse, al igual que ocurrió en la anterior crisis económica, en “zombies financieros”, incapaces de rehabilitarse nuevamente como emprendedores y recuperarse como miembros económicamente activos de una sociedad que les necesita con urgencia.