Comienza la desescalada del COVID-19 y paralelamente la escalada de las consecuencias económicas que esta crisis sanitaria ha desencadenado y seguirá desencadenando en los próximos meses.
En el primer trimestre de 2020 el PIB de la economía española ha caído un 5,2% y las previsiones de descenso en el año apuntan al 8%, con un repunte del paro hasta el 21%. Serían cifras apabullantes si no tuviéramos en la memoria la no tan lejana crisis financiera del año 2008, de la que tardamos en recuperarnos nada menos que 7 años.
Aquella “pandemia económica” trajo consigo una avalancha de insolvencias de empresas y como consecuencia un dramático ascenso del desempleo. Sin embargo, la caída de la economía en el peor año de aquella crisis, el 2009, se situó en el 3,8%, esto es, la mitad de la esperada para el año 2020.
Debemos vaticinar entonces que, a pesar de los esfuerzos financieros y legislativos del gobierno para contener la debacle, ésta será en gran medida inevitable y habría llegado el momento de aplicar las lecciones aprendidas de aquella crisis para mitigar los efectos de la que ahora nos enfrentamos.
En la crisis del COVID-19 ya no serán los bancos (ya saneados) y el sector de la construcción (en situación de mínimos) los más afectados sino aquellos sectores denominados “no esenciales” cuya actividad se ha visto paralizada por la pandemia y cuyo futuro está más que en cuestión por las prevenciones necesarias para el proceso de desescalada y los cambios en los comportamientos sociales que nos esperan. Estamos hablando del sector turístico, la hostelería, el comercio, las actividades de ocio y un largo etcétera.
Es la tipología mayoritaria de las empresas que componen los mismos: autónomos con y sin empleados y PYMES, la que nos pone en la diana a los potencialmente más perjudicados en esta ocasión.