La nueva Ley Concursal entró en vigor el 1 de septiembre y es fruto de un mandato del Parlamento para refundir y armonizar la antigua Ley, que desde que fue promulgada en el año 2003 sufrió nada menos que 28 modificaciones, la mayor parte de ellas destinadas a hacer frente la crisis financiera de 2008.
Bajo la premisa de que la nueva Ley es básicamente una ordenación de toda la riada de legislación surgida en los últimos años en materia concursal, nada nuevo aporta en general, más allá de sutiles variaciones en la redacción de los 752 artículos que la componen frente a los 242 anteriores. Entre éstas podemos destacar la limitación a la administración tributaria para llevar a cabo embargos una vez iniciada la liquidación y un incremento en la información a los acreedores coincidiendo con la conclusión del concurso.
El Ministerio de Justicia prevé que los concursos de acreedores crezcan un 246% en el año 2020 y un 600% en el año 2021. De esta forma, de los 6.600 concursos presentados en España en 2019 se pasaría a más de 16.000 en el año 2020 y a cerca de 40.000 en 2021.
De confirmarse estos datos estaríamos ante un record absoluto de insolvencias empresariales en la historia reciente del país, solo comparable, aunque de lejos, con la crisis financiera de 2008 en la que, recordemos, se rozaron los 10.000 concursos anuales. Esta previsión se ve más que justificada por la contracción muy severa del PIB anticipada por el Banco de España y que se situaría entre el 9,5% y el 12,4% en 2020 y que supera con mucho el descenso del 3,8% registrado en el peor año de la anterior crisis (2009).
En lo que respecta a Galicia, de confirmarse dicha previsión, el número de concursos cerraría el año en más de 700 y rozaría los 1.800 en 2021, frente a los 296 alcanzados en el año 2019. Es de prever, aunque no existen previsiones oficiales sobre ello, que los acogimientos de personas naturales al procedimiento de Segunda Oportunidad se incrementen en medida similar y superen de lejos los 83 casos registrados en el año precedente.
En la medida que nos adentramos en el hasta ahora desconocido fenómeno de la «desescalada» empezamos a ser conscientes de la complejidad de la presente crisis sanitaria. Al más que necesario desconfinamiento por fases, se une el chorreo normativo de instrucciones más que confusas emanadas de las instituciones públicas y lo delicado de todo el proceso que los medios de comunicación convenientemente se encargan de recordarnos cada vez que las terrazas se atiborran de imprudentes ciudadanos deseosos de retornar a la normalidad.
Si a ello unimos la posibilidad de un rebote de la pandemia con los fríos del otoño y que la OMS vaticina que el coronavirus pase a convertirse en una infección endémica a semejanza del SIDA, el futuro a medio plazo que aguarda, especialmente a las empresas y autónomos es todo menos halagüeño.
Conviene por lo tanto estar preparados para los tiempos venideros, lo que nos lleva a reflexionar sobre las medidas que podemos llevar a cabo para paliar los daños que las consecuencias económicas de esta crisis con seguridad nos van a infligir, con el objetivo de superarla o en el peor de los casos de salir con cierta dignidad de la misma.
Tal reflexión ha de partir de las consecuencias inmediatas derivadas de la paralización de actividades, especialmente aquellas consideradas como no esenciales por el ejecutivo. Para éstas, la principal prioridad es conseguir la liquidez necesaria para afrontar sus costes fijos ante la ausencia de ingresos.
Ante la mas que probable carencia de reservas de tesorería para hacer frente a este efecto, el recurso más inmediato será recurrir a la financiación bancaria, de entre la que la ofrecida por el estado y las comunidades autónomas, en muchos casos con intereses subvencionados o avales públicos resulta una opción muy recomendable.
Comienza la desescalada del COVID-19 y paralelamente la escalada de las consecuencias económicas que esta crisis sanitaria ha desencadenado y seguirá desencadenando en los próximos meses.
En el primer trimestre de 2020 el PIB de la economía española ha caído un 5,2% y las previsiones de descenso en el año apuntan al 8%, con un repunte del paro hasta el 21%. Serían cifras apabullantes si no tuviéramos en la memoria la no tan lejana crisis financiera del año 2008, de la que tardamos en recuperarnos nada menos que 7 años.
Aquella “pandemia económica” trajo consigo una avalancha de insolvencias de empresas y como consecuencia un dramático ascenso del desempleo. Sin embargo, la caída de la economía en el peor año de aquella crisis, el 2009, se situó en el 3,8%, esto es, la mitad de la esperada para el año 2020.
Debemos vaticinar entonces que, a pesar de los esfuerzos financieros y legislativos del gobierno para contener la debacle, ésta será en gran medida inevitable y habría llegado el momento de aplicar las lecciones aprendidas de aquella crisis para mitigar los efectos de la que ahora nos enfrentamos.
En la crisis del COVID-19 ya no serán los bancos (ya saneados) y el sector de la construcción (en situación de mínimos) los más afectados sino aquellos sectores denominados “no esenciales” cuya actividad se ha visto paralizada por la pandemia y cuyo futuro está más que en cuestión por las prevenciones necesarias para el proceso de desescalada y los cambios en los comportamientos sociales que nos esperan. Estamos hablando del sector turístico, la hostelería, el comercio, las actividades de ocio y un largo etcétera.
Es la tipología mayoritaria de las empresas que componen los mismos: autónomos con y sin empleados y PYMES, la que nos pone en la diana a los potencialmente más perjudicados en esta ocasión.
A duración da presente crise e os seus efectos sobre as empresas son incertos, como é incerta tamén a evolución ou cómo vai ser o proceso de saída desta urxencia sanitaria. Na medida en que ese proceso se alongue máis do rezoable os efectos negativos nas empresasn van a ser maiores.
Unha alta porcentaxe dos concursos de acredores rematan coa desaparición das empresas. Máis dun 90%.
Isto, ó meu xuizo ten duas orixes distintas. Por un lado as imperfeccións da propia Lei que prima o Principio de Satisfacción dos cretos dos acredores mantendo en segundo plano a recuperación ou solventar o problema de crise da empresa; e, por outro lado, o retraso por parte dos empresarios en solicitar o procedemento, ben sexa por descoñecemento ben por contemporización; nos se toma a decisión con tempo suficiente.
Pode ver a intervención completa no Telexornal da TVG premendo no enlace.
Entrevista Ángel Andújar Vecino en A Crónica Radio Galega
O confinamento e a parálise da meirande parte da actividade empresarial e comercial está a causar un alto custo social e económico pese ás medidas aprobadas polo Goberno para facer fronte a este impacto económico.
Queremos coñecer as solucións máis axeitadas para evitar un deterioro que parece, en principio, irreversible en moitos negocios. Falamos con Angel Andújar avogado de Coaga Consultores e Auditores.
Sabemos que vai a haber un incremento do déficit e un aumento da débeda pública pero, podemos salvar parte do tecido empresarial?
É difícil de prever porque non sabemos o tempo que pode pasar. Todo dependerá do que se alongue o proceso de desescalada.
En calquera caso, as perspectivas non son boas; porque se prevé que esa transición manteña bastantes das limitacións, sobre todo en sectores como a hostalería, o comercio…
Se a recuperación fora razoablemente rápida se poderían salvar moitas empresas. Na medida que esa situación se alongue, lamentablemente, van a quedar moitas polo camiño.
Isto afecta a moitos sectores que acompañan ó turismo, que serán os últimos en principiar de novo, non?
Eses son os sectores máis tocados por esta crise. Son os que peores perspectivas teñen. Incluso peores que as do comercio.
As actividades de turismo que moitas veces dependen dunha concentración bastante importante de persoas en actividades de ocio e todo o que ven detrás.
Son as actividades con máis risco, actualmente, de acadar unha situación de dificultade financeira.
Non estamos ante unha crise financeira senón unha crise de consumo, non?
Si. Hai moitos paralelismo pero tamén hai diferencias evidentes entre na crise do 2008 e a crise actual. A anterior foi unha crise financeira que afectou de maneira importante a sectores como a construción e tivo un efecto mundial; pero quizás non foi unha crise tan xeneralizada como a actual que está afectando de unha maneira importante a case todos os países.
Naquel momento había economías que financeiramente estaban moi ben preparadas e puideron liquidar moi ben a situación.
Neste caso estamos nunha crise, sobre todo, de demanda; é dicir, se a xente non pode saír ou eliminamos, como está a acontecer, todo o sector da hostalería ou do turismo… o consumo reséntese dunha maneira importante.
Pero iso non descarta o tema financeiro. Se unha empresa non recibe fluxos económicos, financeiramente non funciona tampouco. Dificilmente pode asumir os pagos ou pensar en facer inversións.
A pesar de que en orixe non é unha crise financeira, este aspecto financeiro é sumamente relevante; sobre todo para ver unha saída mais ou menos ordenada a esta crise.
Nos ponemos a temblar, porque se habla de un escenario, con otras causas, pero que pueden converger en algo muy parecido a lo que pasó en 2008; que parece que fue antes de ayer y que muchos todavía no se han recuperado.
Efectivamente. Una crisis que aún tenemos todos en mente de la que mucha gente aún se está recuperando o sufriendo las secuelas. Empezó en el año 2007 y afectó en 2008 y 2009; y que provocó una catástrofe generalizada entre las empresas y detrás de las empresas hay personas. Afectó a sus patrimonios y a su estabilidad particular.
Hay diferencias. No solamente entre las causas: la crisis de 2008 fue una crisis financiera y la actual es una pandemia que, además, tiene capacidad para afectar a todos los países; sino que frente a la anterior, en esta ocasión no hemos tenido tanto tiempo de “negación” de lo que se nos venía encima. Hemos tenido mayor anticipación. ¿Tenemos mejor capacidad de reacción en relación con lo mucho que se tardó en reaccionar allá por 2008?
Son bastante diferentes. Además de respecto a su origen, al momento en el que suceden, las lecciones aprendidas de la crisis anterior, esta crisis actual, pese a que la anterior fue generalizada, esta parece que aún puede extenderse más; países en vías de desarrollo que en aquel momento no fueron tan afectados, ahora es una crisis a escala global.
¿Si estamos preparados? En este caso sí se ha aprendido una lección de aquella crisis financiera. Los empresarios, hoy por hoy, son más conscientes de los problemas que puede desencadenar, conocen mejor los mecanismos que la legislación pone a su disposición; mecanismos que, además y a raíz de la propia crisis, han experimentado una evolución.
Una Ley que venía de 2003 y antes casi de principios de Siglo XX, imperfecta, muy rígida; se le fueron puliendo aquellos puntos que eran menos efectivos. Esa Ley Concursal funciona un poco mejor que entonces. También han salido mecanismos nuevos como la Ley de Segunda Oportunidad que en la anterior crisis financiera no existía. Estamos un poco mejor preparados.
La conciencia empresarial ha cambiado; sobre todo en el sentido de la previsión. Todo el mundo entiende ahora que la reacción ante una situación debe ser lo más temprana posible.
Acepto una conversación con Cárlos Sánchez. Mucho tiempo hablando de muchas cosas, de muchos conceptos que él, con su buena pluma de periodista ha convertido en un artículo para Columna Cero.
Nada que objetar a lo que allí se dice. Efectivamente, la falta de confianza es un virus mucho más contagioso y terrible que el que ahora nos asola. La base de la economía es la confianza y es así desde el principio.
Las víctimas del SARS-COV2 quedan en el camino. Las víctimas del virus de la falta de confianza no pueden quedar. Todos tenemos en mente las víctimas de la anterior crisis financiera. Personas válidas, la mayoría, perfectamente capaces; que quedaron convertidas en «zombies financieros», fuera de la actividad económica y tachadas como «fracasados en los negocios» o «gente que no paga».
Esas víctimas de la falta de confianza de los trabajadores en sus empresas, de las empresas entre sí, de los bancos, de los políticos y de las políticas; ¿a quién se le ocurriría ahora tachar de «fracasado» al dueño de un bar que se ha visto obligado a cerrar? ¿No es más lógico pensar que cierra sus puertas para salvar nuestras vidas? ¿Quién le debe ahora a quién?
Y ahora, los que nos hemos salvado ¿qué estamos dispuestos a hacer para salvar su bar?
Las cifras son asombrosas: 100.000 millones de euros (el 10% del PIB de España), millones de parados más (sin contar con la gente que está en un ERTE), toda la economía comercial, sectores enteros, con la persiana bajada. ¿Cuántos la podrán volver a abrir? ¿Durante cuanto tiempo?
Todas esas son las dudas. Y muy pocas respuestas.
La única que se me ocurrió fue esa: 100.000 millones de euros en confianza. Esa es la inversión de futuro.
Sin embargo, la debacle se prevé inevitable. Pero los que queden en el camino en esta desgraciada situación nunca pueden ser vistos como fracasados y quedar condenados al subsidio. Hay herramientas para salvar la situación de manera más que digna y vamos a ponerlas todas a su disposición.
Prácticamente alcanzado el umbral de fallecimientos y contagios por el COVID-19, comienza el tenso periodo en el que, querámoslo o no, no nos queda más remedio que reflexionar sobre el coste social y económico de este desgraciado incidente.
Está claro que en el ámbito de las finanzas públicas el resultado directo de los costes extraordinarios de todo tipo acometidos para paliar sus efectos traerán como consecuencia el incremento del gasto público y por lo tanto del déficit e incrementarán de forma notable la deuda pública, explotada ya hasta el límite durante la última crisis económica.
En el ámbito privado, es de prever una intensa destrucción de tejido empresarial, especialmente de autónomos y PYMES en general con un efecto más que preocupante en las cifras del paro, ya que conviene recordar que son este tipo de empresas las que concentran el mayor volumen de empleo del país.
El efecto en las medianas y grandes empresas será mucho más limitado al contar con mayor músculo financiero para capear las consecuencias del desastre y conllevará poco más que un ajuste a la baja de la política de reparto de dividendos con escaso efecto en la dinámica de consumo nacional.
En las PYMES, por el contrario, la debacle puede ser importante, sobre todo en los sectores más expuestos a la crisis, es decir, aquellos que han soportado un cierre más prolongado, léase: hostelería, comercio, turismo, …, que por contar en general de recursos limitados se verán en muchos casos avocados a la insolvencia.
Paliar este temible desenlace debe ser una prioridad en la política económica nacional en el periodo post-crisis y las medidas financieras propuestas, consistentes en el otorgamiento de avales para la formalización de préstamos destinados a sufragar gastos corrientes van en dicha línea. De la intensidad y materialización práctica de estas líneas de ayudas dependerá el desenlace final de un panorama empresarial que a día de hoy no se vislumbra desde luego nada halagüeño.
Al margen de su mayor incidencia en sectores concretos, los efectos económicos de la pandemia afectarán en menor medida a aquellas empresas que disfruten de una situación financiera saneada. Sin embargo, debemos ser conscientes que en nuestro país, gran parte de las PYMES constituyen una forma de autoempleo como salida a un mercado laboral que ofrece pocas oportunidades, contando más del 95% de las mismas con menos de 10 empleados. Dentro de éstas, aquellas que sobreviven al día a día con más dificultades son las que pueden encontrar en el COVID-19 la puntilla que las avoque al cierre.
La Ley de Segunda Oportunidad es un procedimiento que permite a particulares y autónomos volver a salir adelante. Una Ley de 2015 que nos pone al nivel de EEUU y Europa donde hay una larga tradición de este tipo de soluciones de perdón al deudor quebrado que haya actuado de buena fe.