La nueva Ley Concursal

La nueva Ley Concursal entró en vigor el 1 de septiembre y es fruto de un mandato del Parlamento para refundir y armonizar la antigua Ley, que desde que fue promulgada en el año 2003 sufrió nada menos que 28 modificaciones, la mayor parte de ellas destinadas a hacer frente la crisis financiera de 2008.

Bajo la premisa de que la nueva Ley es básicamente una ordenación de toda la riada de legislación surgida en los últimos años en materia concursal, nada nuevo aporta en general, más allá de sutiles variaciones en la redacción de los 752 artículos que la componen frente a los 242 anteriores. Entre éstas podemos destacar la limitación a la administración tributaria para llevar a cabo embargos una vez iniciada la liquidación y un incremento en la información a los acreedores coincidiendo con la conclusión del concurso.

Sorprende que la entrada en vigor de una norma tan importante para el ámbito económico tenga lugar en plena pandemia de coronavirus, si además tenemos en cuenta que ha quedado suspendida por este motivo la obligatoriedad de solicitar concursos de acreedores hasta el 31 de diciembre y que España deberá adaptar en breve toda la normativa concursal a la nueva directiva europea en esta materia. Quizás hubiera sido más razonable esperar al inicio del año próximo o simplemente hacerla coincidir con la trasposición que dará lugar a una legislación más definitiva, armonizada con los demás países de nuestro entorno.

Pero el gran problema de la falta de un adecuado tratamiento de las insolvencias empresariales de nuestro país sigue sin resolverse y buena prueba de ello es que más del 90% de los concursos declarados terminan en liquidación, lo que en la práctica significa la desaparición de la empresa. Al constatado retraso por parte de los empresarios en acudir a este procedimiento, el actual estado de la normativa concursal no favorece los mecanismos extrajudiciales de resolución de las insolvencias y se centra mucho más en la satisfacción de los acreedores que en conseguir la viabilidad de los negocios.

En el ámbito Europeo, España es uno de los países en el que los empresarios recurren en menor medida al concurso de acreedores como solución a su situación de insolvencia. Así, Francia registra ocho veces más concursos que España e incluso Portugal, con 5.000 concursos declarados en 2019, se sitúa cerca de los niveles patrios con una economía equivalente a una sexta parte de la española.

En España, el procedimiento concursal es sumamente costoso, farragoso y burocrático y a pesar de contar con un cuerpo de administradores concursales profesionales sumamente preparados,   la Ley no contempla para ellos una retribución alternativa en caso de que la empresa no pueda afrontarla. Esta carencia es extremadamente notoria en el mecanismo de Segunda Oportunidad previsto en la propia Ley para las insolvencias de particulares, en el que, por lo exiguo de las retribuciones fijadas para los mediadores, gran parte de los que acuden a dicho mecanismo se ven privados de su intervención para poder renegociar sus deudas.

El ministerio de justicia prevé un incremento de los concursos en 2020 del 246%  y del 600% en 2021. En lo que respecta a Galicia, de confirmarse dicha previsión, el número de concursos cerraría el año en más de 700 y rozaría los 1.800 en 2021, frente a los 296 alcanzados en el año 2019. Serán por lo tanto las innumerables empresas y particulares que habrán de recurrir en un futuro inmediato, con motivo de la crisis en la que ya nos encontramos inmersos  a los distintos mecanismos previstos por esta Ley para solventar sus insolvencias los que serán testigos en primera línea de lo mucho que aún nos queda por avanzar en este ámbito.

Los concursos de acreedores podrían incrementarse un 900%

El Ministerio de Justicia prevé que los concursos de acreedores crezcan un 246% en el año 2020 y un 600% en el año 2021. De esta forma, de los 6.600 concursos presentados en España en 2019 se pasaría a más de 16.000 en el año 2020 y a cerca de 40.000 en 2021.

De confirmarse estos datos estaríamos ante un record absoluto de insolvencias empresariales en la historia reciente del país, solo comparable, aunque de lejos, con la crisis financiera de 2008 en la que, recordemos, se rozaron los 10.000 concursos anuales. Esta previsión se ve más que justificada por la contracción muy severa del PIB anticipada por el Banco de España y que se situaría entre el 9,5% y el 12,4% en 2020 y que supera con mucho el descenso del 3,8% registrado en el peor año de la anterior crisis (2009).

En lo que respecta a Galicia, de confirmarse dicha previsión, el número de concursos cerraría el año en más de 700 y rozaría los 1.800 en 2021, frente a los 296 alcanzados en el año 2019. Es de prever, aunque no existen previsiones oficiales sobre ello, que los acogimientos de personas naturales al procedimiento de Segunda Oportunidad se incrementen en medida similar y superen de lejos los 83 casos registrados en el año precedente.

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Anticiparse para paliar las consecuencias del COVID-19

En la medida que nos adentramos en el hasta ahora desconocido fenómeno de la «desescalada» empezamos a ser conscientes de la complejidad de la presente crisis sanitaria. Al más que necesario desconfinamiento por fases, se une el chorreo normativo de instrucciones más que confusas emanadas de las instituciones públicas y lo delicado de todo el proceso que los medios de comunicación convenientemente se encargan de recordarnos cada vez que las terrazas se atiborran de imprudentes ciudadanos deseosos de retornar a la normalidad.

Si a ello unimos la posibilidad de un rebote de la pandemia con los fríos del otoño y que la OMS vaticina que el coronavirus pase a convertirse en una infección endémica a semejanza del SIDA, el futuro a medio plazo que aguarda, especialmente a las empresas y autónomos es todo menos halagüeño.

Conviene por lo tanto estar preparados para los tiempos venideros, lo que nos lleva a reflexionar sobre las medidas que podemos llevar a cabo para paliar los daños que las consecuencias económicas de esta crisis con seguridad nos van a infligir, con el objetivo de superarla o en el peor de los casos de salir con cierta dignidad de la misma.

Tal reflexión ha de partir de las consecuencias inmediatas derivadas de la paralización de actividades, especialmente aquellas consideradas como no esenciales por el ejecutivo. Para éstas, la principal prioridad es conseguir la liquidez necesaria para afrontar sus costes fijos ante la ausencia de ingresos.

Ante la mas que probable carencia de reservas de tesorería para hacer frente a este efecto, el recurso más inmediato será recurrir a la financiación bancaria, de entre la que la ofrecida por el estado y las comunidades autónomas, en muchos casos con intereses subvencionados o avales públicos resulta una opción muy recomendable.

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GALICIA NO APROVECHA EL RECURSO LEGAL DE LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

Comienza la desescalada del COVID-19 y paralelamente la escalada de las consecuencias económicas que esta crisis sanitaria ha desencadenado y seguirá desencadenando en los próximos meses.

En el primer trimestre de 2020 el PIB de la economía española ha caído un 5,2% y las previsiones de descenso en el año apuntan al 8%, con un repunte del paro hasta el 21%. Serían cifras apabullantes si no tuviéramos en la memoria la no tan lejana crisis financiera del año 2008, de la que tardamos en recuperarnos nada menos que 7 años.

Aquella “pandemia económica” trajo consigo una avalancha de insolvencias de empresas y como consecuencia un dramático ascenso del desempleo. Sin embargo, la caída de la economía en el peor año de aquella crisis, el 2009, se situó en el 3,8%, esto es, la mitad de la esperada para el año 2020.

Debemos vaticinar entonces que, a pesar de los esfuerzos financieros y legislativos del gobierno para contener la debacle, ésta será en gran medida inevitable y habría llegado el momento de aplicar las lecciones aprendidas de aquella crisis para mitigar los efectos de la que ahora nos enfrentamos.

En la crisis del COVID-19 ya no serán los bancos (ya saneados) y el sector de la construcción (en situación de mínimos) los más afectados sino aquellos sectores denominados “no esenciales” cuya actividad se ha visto paralizada por la pandemia y cuyo futuro está más que en cuestión por las prevenciones necesarias para el proceso de desescalada y los cambios en los comportamientos sociales que nos esperan. Estamos hablando del sector turístico, la hostelería, el comercio, las actividades de ocio y un largo etcétera.

Es la tipología mayoritaria de las empresas que componen los mismos: autónomos con y sin empleados y PYMES, la que nos pone en la diana a los potencialmente más perjudicados en esta ocasión.

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INSOLVENCIAS EMPRESARIALES POR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Prácticamente alcanzado el umbral de fallecimientos y contagios por el COVID-19, comienza el tenso periodo en el que, querámoslo o no, no nos queda más remedio que reflexionar sobre el coste social y económico de este desgraciado incidente. 

Está claro que en el ámbito de las finanzas públicas el resultado directo de los costes extraordinarios de todo tipo acometidos para paliar sus efectos traerán como consecuencia el incremento del gasto público y por lo tanto del déficit e incrementarán de forma notable la deuda pública, explotada ya hasta el límite durante la última crisis económica.

En el ámbito privado, es de prever una intensa destrucción de tejido empresarial, especialmente de autónomos y PYMES en general con un efecto más que preocupante en las cifras del paro, ya que conviene recordar que son este tipo de empresas las que concentran el mayor volumen de empleo del país.

El efecto en las medianas y grandes empresas será mucho más limitado al contar con mayor músculo financiero para capear las consecuencias del desastre y conllevará poco más que un ajuste a la baja de la política de reparto de dividendos con escaso efecto en la dinámica de consumo nacional.

En las PYMES, por el contrario, la debacle puede ser importante, sobre todo en los sectores más expuestos a la crisis, es decir, aquellos que han soportado un cierre más prolongado, léase: hostelería, comercio, turismo, …, que por contar en general de recursos limitados se verán en muchos casos avocados a la insolvencia.

Paliar este temible desenlace debe ser una prioridad en la política económica nacional en el periodo post-crisis y las medidas financieras propuestas, consistentes en el otorgamiento de avales para la formalización de préstamos destinados a sufragar gastos corrientes van en dicha línea. De la intensidad y materialización práctica de estas líneas de ayudas dependerá el desenlace final de un panorama empresarial que a día de hoy no se vislumbra desde luego nada halagüeño.

Al margen de su mayor incidencia en sectores concretos, los efectos económicos de la pandemia afectarán en menor medida a aquellas empresas que disfruten de una situación financiera saneada. Sin embargo, debemos ser conscientes que en nuestro país, gran parte de las PYMES constituyen una forma de autoempleo como salida a un mercado laboral que ofrece pocas oportunidades, contando más del 95% de las mismas con menos de 10 empleados. Dentro de éstas, aquellas que sobreviven al día a día con más dificultades son las que pueden encontrar en el COVID-19 la puntilla que las avoque al cierre.

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