¿Qué es el BEPI de la Segunda Oportunidad?

Los profesionales del derecho, al igual que en otras profesiones, solemos utilizar expresiones y vocablos cuyo significado muchas veces escapan a los profanos, tal es el caso de multitud de “palabros” de origen latino de los cuales está repleto nuestro marco jurídico y normativo (habeas corpus, ad cautelam, apud acta, …).

En este caso no nos encontramos ante un aforismo latino, sino ante una simple abreviatura referida al “Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho”, concepto incluido en el procedimiento de segunda oportunidad contenido en la Ley Concursal.

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Cuatro entidades investigadas por la CNMC por prácticas abusivas en la comercialización de créditos ICO COVID

Esta semana hemos sabido que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha decidido iniciar una investigación por las denuncias hechas en redes sociales en mayo del 2020, en lo peor de la pandemia tanto en lo económico como en lo social; en las que autónomos y pequeños empresarios revelaban las condiciones que los bancos les imponían para acceder a la Línea ICO COVID, avales a créditos empresariales de hasta el 80% del capital y los intereses con cargo al Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Las condiciones denunciadas van desde la contratación de todo tipo de seguros, algunos sin la más mínima relación con el riesgo del crédito o la actividad de la empresa o el autónomo, hasta la financiación de la compra televisores y otros electrodomésticos; a veces, a través de créditos de tipo revolving con intereses muy por encima de los normales.

Después de la investigación llevada a cabo por los técnicos de la CNMC, el organismo llega a la conclusión de que la actuación de esas cuatro entidades estaría muy lejos de los que se puede exigir en la relación normal entre una empresa y su cliente. Toca valorar las pruebas obtenidas y una posible sanción.

Cada vez más, los particulares optan por el procedimiento de Segunda Oportunidad para resolver sus problemas de insolvencia

El número de concursos de acreedores presentados en los Juzgados españoles durante el primer trimestre de 2021 ha ascendido a 4.925, lo que supone un incremento de más del 50% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Es de destacar que el número de concursos declarados en el año 2020 había decaído notablemente, en parte debido a la semiparalización de actividades durante dicho año con motivo de la crisis sanitaria del COVID y por otra parte por la suspensión temporal dictada por el gobierno que obliga a las empresas en situación de insolvencia a declararse en concurso de manera obligatoria.

Es de destacar que, del total de concursos declarados en este primer trimestre, 2.531 correspondieron a personas naturales, con un incremento de más del 60% respecto al mismo periodo del año anterior. Ello solo puede suponer una cosa y es que, cada vez más, los particulares optan por el procedimiento de Segunda Oportunidad para resolver sus problemas de insolvencia.
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La nueva Ley Concursal

La nueva Ley Concursal entró en vigor el 1 de septiembre y es fruto de un mandato del Parlamento para refundir y armonizar la antigua Ley, que desde que fue promulgada en el año 2003 sufrió nada menos que 28 modificaciones, la mayor parte de ellas destinadas a hacer frente la crisis financiera de 2008.

Bajo la premisa de que la nueva Ley es básicamente una ordenación de toda la riada de legislación surgida en los últimos años en materia concursal, nada nuevo aporta en general, más allá de sutiles variaciones en la redacción de los 752 artículos que la componen frente a los 242 anteriores. Entre éstas podemos destacar la limitación a la administración tributaria para llevar a cabo embargos una vez iniciada la liquidación y un incremento en la información a los acreedores coincidiendo con la conclusión del concurso.

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Los concursos de acreedores podrían incrementarse un 900%

El Ministerio de Justicia prevé que los concursos de acreedores crezcan un 246% en el año 2020 y un 600% en el año 2021. De esta forma, de los 6.600 concursos presentados en España en 2019 se pasaría a más de 16.000 en el año 2020 y a cerca de 40.000 en 2021.

De confirmarse estos datos estaríamos ante un record absoluto de insolvencias empresariales en la historia reciente del país, solo comparable, aunque de lejos, con la crisis financiera de 2008 en la que, recordemos, se rozaron los 10.000 concursos anuales. Esta previsión se ve más que justificada por la contracción muy severa del PIB anticipada por el Banco de España y que se situaría entre el 9,5% y el 12,4% en 2020 y que supera con mucho el descenso del 3,8% registrado en el peor año de la anterior crisis (2009).

En lo que respecta a Galicia, de confirmarse dicha previsión, el número de concursos cerraría el año en más de 700 y rozaría los 1.800 en 2021, frente a los 296 alcanzados en el año 2019. Es de prever, aunque no existen previsiones oficiales sobre ello, que los acogimientos de personas naturales al procedimiento de Segunda Oportunidad se incrementen en medida similar y superen de lejos los 83 casos registrados en el año precedente.

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Anticiparse para paliar las consecuencias del COVID-19

En la medida que nos adentramos en el hasta ahora desconocido fenómeno de la «desescalada» empezamos a ser conscientes de la complejidad de la presente crisis sanitaria. Al más que necesario desconfinamiento por fases, se une el chorreo normativo de instrucciones más que confusas emanadas de las instituciones públicas y lo delicado de todo el proceso que los medios de comunicación convenientemente se encargan de recordarnos cada vez que las terrazas se atiborran de imprudentes ciudadanos deseosos de retornar a la normalidad.

Si a ello unimos la posibilidad de un rebote de la pandemia con los fríos del otoño y que la OMS vaticina que el coronavirus pase a convertirse en una infección endémica a semejanza del SIDA, el futuro a medio plazo que aguarda, especialmente a las empresas y autónomos es todo menos halagüeño.

Conviene por lo tanto estar preparados para los tiempos venideros, lo que nos lleva a reflexionar sobre las medidas que podemos llevar a cabo para paliar los daños que las consecuencias económicas de esta crisis con seguridad nos van a infligir, con el objetivo de superarla o en el peor de los casos de salir con cierta dignidad de la misma.

Tal reflexión ha de partir de las consecuencias inmediatas derivadas de la paralización de actividades, especialmente aquellas consideradas como no esenciales por el ejecutivo. Para éstas, la principal prioridad es conseguir la liquidez necesaria para afrontar sus costes fijos ante la ausencia de ingresos.

Ante la mas que probable carencia de reservas de tesorería para hacer frente a este efecto, el recurso más inmediato será recurrir a la financiación bancaria, de entre la que la ofrecida por el estado y las comunidades autónomas, en muchos casos con intereses subvencionados o avales públicos resulta una opción muy recomendable.

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GALICIA NO APROVECHA EL RECURSO LEGAL DE LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

Comienza la desescalada del COVID-19 y paralelamente la escalada de las consecuencias económicas que esta crisis sanitaria ha desencadenado y seguirá desencadenando en los próximos meses.

En el primer trimestre de 2020 el PIB de la economía española ha caído un 5,2% y las previsiones de descenso en el año apuntan al 8%, con un repunte del paro hasta el 21%. Serían cifras apabullantes si no tuviéramos en la memoria la no tan lejana crisis financiera del año 2008, de la que tardamos en recuperarnos nada menos que 7 años.

Aquella “pandemia económica” trajo consigo una avalancha de insolvencias de empresas y como consecuencia un dramático ascenso del desempleo. Sin embargo, la caída de la economía en el peor año de aquella crisis, el 2009, se situó en el 3,8%, esto es, la mitad de la esperada para el año 2020.

Debemos vaticinar entonces que, a pesar de los esfuerzos financieros y legislativos del gobierno para contener la debacle, ésta será en gran medida inevitable y habría llegado el momento de aplicar las lecciones aprendidas de aquella crisis para mitigar los efectos de la que ahora nos enfrentamos.

En la crisis del COVID-19 ya no serán los bancos (ya saneados) y el sector de la construcción (en situación de mínimos) los más afectados sino aquellos sectores denominados “no esenciales” cuya actividad se ha visto paralizada por la pandemia y cuyo futuro está más que en cuestión por las prevenciones necesarias para el proceso de desescalada y los cambios en los comportamientos sociales que nos esperan. Estamos hablando del sector turístico, la hostelería, el comercio, las actividades de ocio y un largo etcétera.

Es la tipología mayoritaria de las empresas que componen los mismos: autónomos con y sin empleados y PYMES, la que nos pone en la diana a los potencialmente más perjudicados en esta ocasión.

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INSOLVENCIAS EMPRESARIALES POR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Prácticamente alcanzado el umbral de fallecimientos y contagios por el COVID-19, comienza el tenso periodo en el que, querámoslo o no, no nos queda más remedio que reflexionar sobre el coste social y económico de este desgraciado incidente. 

Está claro que en el ámbito de las finanzas públicas el resultado directo de los costes extraordinarios de todo tipo acometidos para paliar sus efectos traerán como consecuencia el incremento del gasto público y por lo tanto del déficit e incrementarán de forma notable la deuda pública, explotada ya hasta el límite durante la última crisis económica.

En el ámbito privado, es de prever una intensa destrucción de tejido empresarial, especialmente de autónomos y PYMES en general con un efecto más que preocupante en las cifras del paro, ya que conviene recordar que son este tipo de empresas las que concentran el mayor volumen de empleo del país.

El efecto en las medianas y grandes empresas será mucho más limitado al contar con mayor músculo financiero para capear las consecuencias del desastre y conllevará poco más que un ajuste a la baja de la política de reparto de dividendos con escaso efecto en la dinámica de consumo nacional.

En las PYMES, por el contrario, la debacle puede ser importante, sobre todo en los sectores más expuestos a la crisis, es decir, aquellos que han soportado un cierre más prolongado, léase: hostelería, comercio, turismo, …, que por contar en general de recursos limitados se verán en muchos casos avocados a la insolvencia.

Paliar este temible desenlace debe ser una prioridad en la política económica nacional en el periodo post-crisis y las medidas financieras propuestas, consistentes en el otorgamiento de avales para la formalización de préstamos destinados a sufragar gastos corrientes van en dicha línea. De la intensidad y materialización práctica de estas líneas de ayudas dependerá el desenlace final de un panorama empresarial que a día de hoy no se vislumbra desde luego nada halagüeño.

Al margen de su mayor incidencia en sectores concretos, los efectos económicos de la pandemia afectarán en menor medida a aquellas empresas que disfruten de una situación financiera saneada. Sin embargo, debemos ser conscientes que en nuestro país, gran parte de las PYMES constituyen una forma de autoempleo como salida a un mercado laboral que ofrece pocas oportunidades, contando más del 95% de las mismas con menos de 10 empleados. Dentro de éstas, aquellas que sobreviven al día a día con más dificultades son las que pueden encontrar en el COVID-19 la puntilla que las avoque al cierre.

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